El caso de la desaparición de 190 vacas denunciada por el influencer rural Bruno Riboldi, conocido como "La Joya Agro", ha tomado relevancia nacional tras viralizarse en redes sociales y derivar en una compleja investigación judicial en Santa Fe. Riboldi, con más de tres millones de seguidores, denunció el 20 de marzo la desaparición de su ganado, valuado en 300 millones de pesos, lo que motivó un rápido accionar policial y judicial.

Tras la denuncia, la Dirección General de Seguridad Rural logró recuperar 161 de los animales en un feedlot de Chabás, aunque 29 vacas continúan desaparecidas. La investigación, a cargo de la Fiscalía de Villa Constitución, imputó a Nicolás Coscia, socio comercial de Riboldi, por defraudación por abuso de confianza. Según la acusación, Coscia habría gestionado la venta de los animales a través de una consignataria santafesina, utilizando documentos de tránsito electrónico (DT-e) emitidos por SENASA sin la debida autorización del propietario.

Riboldi sostiene que la operación fue una estafa y que nunca recibió el dinero de la venta, mientras que Coscia y su entorno aseguran que la transacción fue consensuada y parte de acuerdos comerciales previos. La causa judicial incluye mensajes de WhatsApp y documentos oficiales que ambas partes utilizan para respaldar sus versiones. "Vendieron vacas que no eran suyas", afirmó Riboldi, mientras que la defensa de Coscia sostiene que Riboldi estaba al tanto de la operación y que existía urgencia por obtener liquidez.

El caso también ha puesto en evidencia deudas millonarias y conflictos empresariales, especialmente en torno a la empresa Inalpa, donde Coscia es accionista minoritario. La Justicia civil rechazó recientemente una demanda de Coscia contra la conducción de la firma, sumando un nuevo frente judicial al conflicto.

Mientras la investigación penal sigue su curso, la comunidad rural y los seguidores de Riboldi continúan atentos al desenlace, especialmente por el destino de los 29 animales aún no recuperados. El caso ha reavivado el debate sobre los controles en la comercialización y traslado de hacienda en la región, así como la importancia de la transparencia en las relaciones comerciales del sector agropecuario.