El Gobierno argentino ha promulgado el Decreto 340/2025, que introduce un nuevo régimen para el transporte marítimo y fluvial en el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca desregular el cabotaje marítimo, flexibilizar normativas laborales y declarar la navegación como un servicio esencial.

El decreto permite que buques extranjeros operen bajo matrícula argentina, eliminando la exclusividad de la Marina Mercante Nacional. Además, flexibiliza la contratación de tripulantes, permitiendo personal extranjero siempre que cumplan con las habilitaciones necesarias. Según el texto oficial, estas medidas buscan reducir los costos operativos y fomentar la competitividad del sector.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó que "la reforma busca bajar el costo argentino" y señaló que la normativa es parte de un plan más amplio de transformación del sistema de transporte. "Una barcaza paraguaya, por ejemplo, se podrá matricular en Argentina y operar como una nave local", explicó.

El decreto también establece que la navegación marítima y fluvial será considerada un servicio esencial, lo que implica que deberá garantizarse un porcentaje mínimo de operatividad en caso de huelgas o conflictos laborales. Además, se elimina el poder de veto de los sindicatos sobre la conformación de tripulaciones, otorgando a los armadores la libertad de contratación.

La medida tiene una vigencia de hasta 10 años y permite el reingreso automático de buques sin costos adicionales. Sin embargo, excluye a embarcaciones pesqueras, turísticas y de pequeño porte. También se amplía el plazo de permanencia de buques internacionales en operaciones de cabotaje de 30 a 60 días.

Desde el Gobierno, se argumenta que la normativa es necesaria para enfrentar la crisis del sector, caracterizada por altos costos operativos y una legislación obsoleta. "La Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer", advierte el decreto.

Las reacciones han sido diversas. Mientras el Gobierno y algunos empresarios celebran la medida como un paso hacia la modernización y competitividad, los sindicatos han expresado su preocupación por la pérdida de derechos laborales y el impacto en los trabajadores locales. Analistas también han señalado riesgos asociados, como el uso de "banderas de conveniencia" y posibles efectos negativos en la industria naval argentina.

El decreto es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para reformar el Estado y modernizar sectores clave de la economía. Sin embargo, su implementación y los resultados que genere serán observados de cerca por todos los actores involucrados.