El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus semanas más complejas desde el inicio de su gestión, tras perder el respaldo de varios gobernadores y bloques aliados en el Congreso. La reciente sesión en la Cámara de Diputados dejó en evidencia la fragilidad del oficialismo, que ya no puede garantizar el escudo parlamentario que le permitía resistir los intentos de la oposición para revertir vetos presidenciales y aprobar leyes clave.

Durante la última sesión, diputados que responden a gobernadores de provincias como Córdoba, Salta, Entre Ríos y Río Negro habilitaron el quórum, permitiendo que la oposición avanzara con proyectos como el aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en salud pediátrica. El Gobierno anticipó que vetará estas iniciativas, pero la pérdida de aliados complica la posibilidad de sostener esos vetos en el Congreso.

La relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales se ha deteriorado notablemente. Los gobernadores reclaman por la caída de la recaudación, la falta de obra pública y la discrecionalidad en el reparto de fondos nacionales. A pesar de reuniones recientes en el Ministerio de Economía, los representantes provinciales se retiraron sin respuestas concretas, lo que profundizó el malestar y motivó una mayor autonomía en el Congreso.

En paralelo, el oficialismo enfrenta tensiones internas. Las diferencias entre Karina Milei, Santiago Caputo y otros referentes del espacio se han hecho más evidentes, mientras que la estrategia de imponer candidatos "puros" en las provincias genera resistencias y fragmentación en los bloques aliados. Amenazas de expulsiones y rupturas internas agravan el escenario político.

Desde el entorno presidencial intentan minimizar el impacto de la crisis, apostando a resistir hasta las elecciones y confiando en la solidez de la economía. Sin embargo, tanto oficialistas como opositores reconocen que la situación podría empeorar en las próximas semanas, con nuevos traspiés legislativos y un Congreso cada vez más adverso para el Ejecutivo. El desenlace de esta crisis política dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para recomponer alianzas y responder a las demandas de los gobernadores, en un contexto de creciente incertidumbre económica y social.