La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por la muerte de Marcela Brenda Iglesias, una niña de seis años que falleció en 1996 al ser aplastada por una escultura de hierro en el Paseo de la Infanta, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. El fallo, emitido tras décadas de reclamos por parte de la familia de la víctima, responsabiliza a la Argentina por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal y la protección de la niñez, así como por la falta de justicia en la investigación del caso.

El trágico hecho ocurrió el 5 de febrero de 1996, cuando Marcela participaba de una excursión escolar y una escultura de aproximadamente 250 a 300 kilogramos colapsó sobre ella, causándole la muerte en el acto. La investigación determinó que la estructura estaba mal asegurada, presentaba corrosión y no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. A pesar de que varios funcionarios y responsables fueron procesados, la causa nunca llegó a juicio oral y terminó prescribiendo tras años de apelaciones y recursos judiciales.

La CIDH consideró que el Estado argentino incumplió su deber de regular, supervisar y fiscalizar adecuadamente la instalación de la escultura, así como su obligación de investigar y sancionar a los responsables con la debida diligencia. El tribunal internacional también concluyó que la prolongada duración del proceso penal, sin avances sustanciales, violó las garantías judiciales y la protección de la familia Iglesias Ribaudo.

Como parte de las medidas de reparación, la CIDH ordenó al Estado argentino realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, pedir disculpas a la familia, indemnizar a los padres de la víctima y crear un espacio memorial y recreativo en honor a Marcela Iglesias. Además, el Estado deberá publicar el fallo y presentar un informe sobre su cumplimiento en el plazo de un año.

Los padres de Marcela, Nora Ribaudo y Eduardo Iglesias, manifestaron alivio y satisfacción por el fallo internacional, aunque lamentaron la falta de justicia en el ámbito local. "El nombre de Marcela trascendió en Argentina porque se conoció en el mundo entero", expresó su padre. El caso pone en evidencia la importancia de garantizar espacios públicos seguros para la niñez y la necesidad de una justicia eficiente y diligente en la protección de los derechos humanos.