La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, enfrenta una creciente controversia por la distribución de bienes incautados por la Aduana. Según diversas fuentes, la administración libertaria entregó artículos de primera necesidad, electrónicos y repuestos aeronáuticos a fundaciones y ONGs con vínculos directos a dirigentes de La Libertad Avanza y aliados políticos.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la Secretaría General realizó 257 donaciones a 104 entidades, de las cuales 61 son organizaciones no gubernamentales. Entre los beneficiarios se encuentran la Fundación Gea-Madre Tierra, ligada a la familia del diputado Lisandro Almirón, que recibió tres transferencias, incluyendo 21.800 artículos electrónicos y repuestos aeronáuticos. También destaca el caso de Gualeguaychú, gobernada por Mauricio Davico, que recibió 12 donaciones.

El encargado de la distribución es Eduardo "Lule" Menem, quien ya fue mencionado en otros escándalos relacionados con la gestión de bienes públicos. La discrecionalidad en la entrega de estos rezagos ha generado preocupación dentro del propio gobierno, ante el temor de consecuencias judiciales y un impacto negativo en la imagen de Karina Milei.

Si bien la ley habilita a la Secretaría General a disponer de los rezagos aduaneros en casos de emergencia social, la cantidad de ONGs y municipios aliados beneficiados ha despertado críticas. La oposición y sectores sociales cuestionan la transparencia y la legitimidad de enviar bienes a organizaciones que no realizan tareas benéficas, sino actividades políticas o de otro tipo.

El caso se produce en un contexto donde el oficialismo había prometido terminar con la "casta" y los intermediarios en la ayuda social. Sin embargo, la continuidad e intensificación de estas prácticas bajo la actual gestión ha generado un debate sobre el uso de bienes públicos y la responsabilidad de los funcionarios. El desenlace de la controversia podría tener implicancias judiciales y políticas para el gobierno nacional.