El sector pesquero argentino atraviesa una de sus crisis más profundas en años, con la actividad paralizada y un fuerte impacto en la economía de ciudades como Puerto Madryn. Tras semanas de protestas, cortes de ruta y negociaciones fallidas, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresariales alcanzaron un acuerdo transitorio que permitirá reanudar la actividad, aunque sin resolver los problemas de fondo.

El acuerdo, firmado en Mar del Plata, establece que el 70% del salario de los marineros será considerado no remunerativo hasta el 30 de septiembre de 2025. Esta medida, según el sindicato, busca aliviar la carga fiscal tanto para trabajadores como para empresas, en un contexto de caída abrupta de los precios internacionales del langostino y un convenio colectivo desactualizado. “Logramos un acuerdo clave que garantiza la continuidad de la temporada de langostino”, señalaron desde el SOMU, aunque reconocieron que se trata de un paliativo temporal.

La crisis pesquera tuvo un fuerte impacto en la economía local de Puerto Madryn, donde la pesca es uno de los principales motores junto al aluminio y el turismo. Comerciantes y cámaras empresariales alertaron sobre la caída del consumo y la urgencia de encontrar una solución definitiva. “La pesca es una actividad que involucra a unas 15.000 familias en la ciudad y la región. La parálisis afecta a todos los rubros del comercio local”, advirtió Mariano Regadale, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn.

El conflicto se originó por la intención de las cámaras empresariales de modificar el convenio colectivo y reducir el salario real de los trabajadores, en medio de una baja internacional del precio del langostino. Las negociaciones incluyeron propuestas de alivio fiscal y cambios en la liquidación de salarios, pero también generaron tensiones y protestas, con cortes de ruta y bloqueos en el acceso al puerto.

Vecinos y representantes locales propusieron la conformación de una mesa de diálogo multisectorial para buscar una salida institucional y legal que brinde previsibilidad y protección a los trabajadores. Mientras tanto, el gobierno nacional convocó a nuevas audiencias, aunque la solución definitiva aún parece lejana. El acuerdo alcanzado es visto como un paso hacia la normalización, pero la incertidumbre persiste y el sector sigue en alerta ante la posibilidad de nuevos conflictos si no se abordan las causas estructurales de la crisis.