Durante la madrugada del sábado, se levantó la toma de terrenos fiscales ubicada en inmediaciones de Calle 13, entre Aberastain y Mendoza, en Pocito, San Juan. El operativo fue dispuesto por el Juzgado de Faltas de Pocito y ejecutado por fuerzas federales y autoridades municipales, quienes informaron que la intervención se realizó sin incidentes ni uso de la fuerza.

La ocupación había comenzado el viernes, cuando entre 50 y 60 familias se asentaron sobre terrenos fiscales a la vera de las vías del tren, en una zona de jurisdicción nacional. La empresa Ferrocarriles Argentinos radicó una denuncia penal por usurpación, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal y la disposición de una guardia preventiva para evitar el ingreso de más materiales de construcción.

El juez Sergio Martín Escamilla, a cargo del Juzgado de Faltas, explicó que la medida cautelar se tomó para garantizar la paz social, la seguridad pública y el orden, así como para proteger la integridad de las familias ocupantes. “Lo primordial era proteger a la gente. No ha habido ningún conflicto, ningún uso de la fuerza”, declaró Escamilla a la prensa. El magistrado también advirtió sobre las condiciones insalubres y peligrosas del lugar, señalando la presencia de plagas y la precariedad de las construcciones.

La mayoría de los ocupantes se retiró voluntariamente tras ser informados de la medida judicial. No se registraron personas demoradas ni detenidas. La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Pocito y la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia realizaron encuestas para conocer la situación de las familias, aunque algunas optaron por no brindar datos personales.

Vecinos del barrio San Expedito manifestaron preocupación por la seguridad y solicitaron la intervención de las autoridades. El presidente del Club Atenas, Lucio Castro, delimitó el sector utilizado por la institución para resguardar las actividades deportivas y culturales, especialmente las destinadas a niños y adolescentes, y expresó comprensión por la situación de vulnerabilidad de las familias involucradas.

El operativo concluyó con la remoción total de las construcciones precarias y la liberación del área. Las autoridades destacaron la importancia de preservar la paz social y el orden público, subrayando que la intervención se realizó respetando los derechos de todos los sectores involucrados. El caso pone de relieve la problemática habitacional y la necesidad de soluciones integrales para familias en situación de vulnerabilidad en la región.