La ciudad de San Carlos de Bariloche se vio sacudida en la madrugada del 31 de julio por el hallazgo sin vida de Stefania Civardi, una joven de 22 años, en su vivienda del barrio Lera. La víctima presentaba una herida de arma de fuego y, según confirmaron fuentes judiciales, el principal sospechoso es su pareja, un agente de la Policía de Río Negro, quien fue detenido de inmediato y puesto a disposición de la Justicia.

La investigación, caratulada como femicidio, quedó a cargo de la Gendarmería Nacional para garantizar la imparcialidad del proceso, dado que el acusado pertenece a la fuerza policial provincial. Las fiscales María Alejandra Orticelli, Betiana Cendón y Alejandra Bartolomé supervisan las pericias balísticas, la recolección de pruebas y la autopsia, que serán claves para esclarecer las circunstancias del hecho. "La calificación inicial responde a la obligación de analizar toda muerte violenta de una mujer como femicidio", explicó la fiscal Cendón, aunque aclaró que se evaluarán todas las hipótesis posibles.

La relación entre la víctima y el acusado era reciente, de aproximadamente un mes, según confirmaron fuentes judiciales. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad local y en redes sociales, donde familiares, amigos y colectivos feministas expresaron su dolor y exigieron justicia. El colectivo Ni Unx Menos Furilofche manifestó su consternación y denunció el debilitamiento de los dispositivos de prevención y acompañamiento a víctimas de violencia de género, reclamando respuestas urgentes del Estado.

Por su parte, la Policía de Río Negro emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el suceso, separó al efectivo de su cargo y reafirmó su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso. "La Institución se ha puesto a total disposición de la Justicia para colaborar en el desarrollo de la investigación, brindando todas las herramientas necesarias en pos de su esclarecimiento", señalaron las autoridades.

Mientras avanza la investigación judicial, la sociedad barilochense permanece atenta al desarrollo del caso, que reabre el debate sobre la violencia de género y la necesidad de políticas públicas efectivas para su prevención y erradicación.