El Gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en un intento por resolver una crisis financiera que dejó a miles de militares y sus familias sin cobertura médica. La medida, implementada en marzo de 2026, dio lugar a la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

A pesar del anuncio oficial y la designación de un nuevo directorio, la transición ha sido caótica. En ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca y Tucumán, los afiliados denuncian la ausencia total de prestaciones médicas. “Ya vamos a cumplir tres meses y casi 20.000 afiliados en Mar del Plata y su área de influencia no tienen ningún tipo de cobertura”, relató un militar consultado. La situación ha llevado a que muchos deban afrontar de su propio bolsillo consultas, tratamientos y cirugías.

La crisis se originó durante la gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, cuando un préstamo de $40.000 millones destinado a IOSFA fue utilizado para saldar deudas con proveedores y laboratorios, en lugar de invertir en equipamiento médico. Esto agravó el déficit, que alcanzó los $210.000 millones para junio de 2025. Las denuncias de “vaciamiento” y uso político de los recursos incrementaron el malestar dentro de las fuerzas.

El nuevo directorio de OSFA, integrado por representantes de las distintas ramas militares y del personal civil, fue designado por el Ministerio de Defensa para un mandato de dos años. Según la normativa, al menos el 80% de los recursos de la entidad deben destinarse a servicios de salud, aunque hasta el momento no se han resuelto los problemas de cobertura en gran parte del país.

El Ministerio de Seguridad, por su parte, avanza en la privatización de la obra social de las fuerzas federales, mientras que OSFA permanecerá bajo control estatal. Sin embargo, el Ministerio de Economía no absorberá la deuda heredada de IOSFA, lo que complica aún más la situación financiera.

El malestar entre los militares crece y muchos evalúan recurrir a la vía judicial para exigir la restitución de sus derechos. La vicepresidenta Victoria Villarruel y otros actores políticos han criticado duramente la gestión anterior y la falta de respuestas. Por ahora, la incertidumbre persiste y no se vislumbran soluciones inmediatas para los miles de afectados.