Un escándalo sacude al sistema educativo de Salta tras la imputación de 53 docentes por la presentación de certificados falsos para sumar puntaje y acceder a cargos. La investigación, iniciada en diciembre de 2025 por una denuncia del Ministerio de Educación, reveló una red organizada que operaba en el norte y sur de la provincia, con ramificaciones en San Carlos de Bariloche.

Según fuentes judiciales y administrativas, la maniobra consistía en la venta de diplomaturas y postítulos apócrifos a través de perfiles de Facebook como "Cursos Educar" y "Ana Guzmán". Los docentes interesados abonaban sumas que oscilaban entre $95.000 y $360.000, recibiendo certificados en formato PDF con firmas y sellos escaneados. El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en bases oficiales, presentaban duplicaciones o correspondían a numeraciones inexistentes.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó allanamientos en cuatro domicilios de Salta, logrando la detención de dos mujeres señaladas como piezas clave en la captación y soporte de la organización. El administrador digital, según la investigación, operaba desde Bariloche y era el receptor de los fondos transferidos por los certificados apócrifos.

De las 292 inscripciones auditadas, se detectaron 291 con documentos falsos y 237 docentes implicados. Hasta el momento, 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra con documentación apócrifa. "No había un cursado ni un itinerario formativo. Era simplemente una transacción comercial", afirmó el secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien aportó pruebas a la causa. En los chats incorporados al expediente, varios docentes reconocieron haber adquirido puntaje sin cursar ni rendir evaluaciones, con pleno conocimiento de la irregularidad.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, destacó la importancia de la transparencia y aseguró que la investigación sigue abierta. "Está en juego la confianza en todo el sistema", advirtió Becker, mientras el Ministerio avanza en sumarios administrativos que podrían derivar en sanciones severas, incluida la cesantía. El caso pone en cuestión la integridad de los procesos de designación docente y la confianza en el sistema educativo provincial, mientras se esperan nuevas medidas judiciales y administrativas en las próximas semanas.