El primer año de gestión de Javier Milei al frente de la presidencia argentina ha estado marcado por una fuerte impronta de ajuste fiscal y reformas económicas orientadas a estabilizar la macroeconomía. El gobierno implementó un programa de shock que incluyó la devaluación del tipo de cambio oficial, recortes agresivos del gasto público y la eliminación de regulaciones, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y frenar la inflación. Según datos oficiales, en abril de 2025 se registró un superávit primario de 650 millones de dólares y la inflación cayó al 1,5%, el nivel más bajo desde 2020.

No obstante, persisten desafíos significativos. El déficit de cuenta corriente alcanzó los 5.500 millones de dólares en el primer trimestre, superando ampliamente las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. La falta de grandes inversiones extranjeras y la imposibilidad de acumular reservas internacionales generan incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo. El FMI, por su parte, aún no ha desembolsado 2.000 millones de dólares pendientes, citando incumplimientos en la acumulación de reservas.

En el plano social, el ajuste fiscal ha profundizado la pobreza y la desigualdad, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Estudios académicos advierten que, si bien la desaceleración de la inflación es valorada por parte de la sociedad, la caída del consumo, el aumento de la desocupación y la reducción de programas sociales generan desafección y polarización.

El escenario político también se ha tornado más complejo. El oficialismo enfrenta internas y disputas en la construcción de alianzas, mientras que gobernadores e intendentes muestran creciente autonomía y resistencia a las políticas del gobierno central. Proyectos impulsados por la oposición en el Congreso, como la reparación previsional y el aumento de fondos para universidades, desafían la política fiscal oficial y evidencian la falta de mayoría parlamentaria del oficialismo.

De cara a las próximas elecciones legislativas, el gobierno de Milei apuesta a consolidar los logros económicos y superar las restricciones políticas. Sin embargo, la sostenibilidad del modelo y el impacto social del ajuste continúan siendo objeto de debate y preocupación entre analistas, actores políticos y la sociedad en general.