El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de la red vial argentina, avanzando con la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados. La medida, formalizada a través de la Resolución 884/2026 publicada en el Boletín Oficial, abarca corredores estratégicos en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y forma parte de la Red Federal de Concesiones.

Según fuentes oficiales, 13 ofertas de 30 empresas fueron precalificadas para competir por la gestión, explotación y mantenimiento de los tramos viales, mientras que otras cinco ofertas, que reunían a 12 firmas, fueron desestimadas por no cumplir con los requisitos técnicos y administrativos. La apertura de sobres con las ofertas económicas está prevista para el lunes 6 de julio, momento en el que se definirán las empresas adjudicatarias.

El proceso de privatización se desarrolla en varias etapas. En la primera, ya se transfirieron 1.871 kilómetros de rutas y autopistas a empresas privadas, que asumieron la operación y el mantenimiento en reemplazo de la estatal Corredores Viales S.A. Entre las compañías que continúan en carrera se encuentran Rovella Carranza-JCR, CPC SA, Panedile Argentina-Supercemento-Eleprint y Basaa-Cecosa, entre otras.

El esquema de concesión establece que las empresas deberán operar sin recibir subsidios estatales y ejecutar obras de modernización y mantenimiento antes de poder aplicar nuevos cuadros tarifarios. Además, se prevé la incorporación de tecnologías como TelePASE y Free Flow para el cobro electrónico de peajes, y un sistema de control por resultados a cargo de Vialidad Nacional, que supervisará el cumplimiento de los contratos mediante indicadores de desempeño.

El Gobierno sostiene que este modelo busca mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios viales, eliminando el déficit estatal y promoviendo la competencia por la menor tarifa de peaje. El proceso ha despertado un fuerte interés en el sector privado, con 41 ofertas presentadas por 18 empresas y consorcios. La expectativa oficial es que la privatización de la red vial, que prevé concesionar más de 9.000 kilómetros en total, contribuya a modernizar la infraestructura y a mejorar la seguridad y el servicio para los usuarios. Vialidad Nacional mantendrá la supervisión y el control de los contratos, garantizando el cumplimiento de los estándares establecidos.