La Justicia argentina solicitó de manera urgente a su par uruguaya que suspenda la subasta de la mansión "El Gran Chaparral", propiedad del exsindicalista Marcelo Balcedo, ubicada en Maldonado, Uruguay. El remate, previsto para el 8 de mayo, fue ordenado por el Juzgado Letrado de Maldonado de 7º Turno en el marco de una demanda laboral presentada por 13 exempleados de Balcedo y su esposa, Paola Fiege, quienes reclaman el pago de haberes adeudados por un monto estimado en dos millones de dólares.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, argumenta que la propiedad está sujeta a embargos solicitados por la Justicia argentina desde 2018, en el contexto de una causa por asociación ilícita, lavado de activos y desvío de fondos del sindicato SOEME. "El objetivo es resguardar bienes que la Argentina reclama desde el inicio del expediente, en el contexto de un proceso de extradición pendiente desde 2018", sostuvo Kreplak en el exhorto enviado a Uruguay.

A pesar de los reiterados pedidos de la Argentina, la Justicia uruguaya avanzó con la subasta para cubrir deudas laborales, priorizando el reclamo de los exempleados. La fiscalía argentina, encabezada por María Laura Roteta y Diego Velasco, advirtió que la subasta "desconoce medidas cautelares vigentes" y podría frustrar la recuperación de activos vinculados a delitos investigados en Argentina.

Por su parte, Paola Fiege, esposa de Balcedo, declaró que ofrecieron una garantía real que cuadruplica el monto reclamado y cuestionó la legalidad del remate, señalando que "resulta extraño que se pretenda rematar bienes que tienen embargos de la justicia argentina por 26 millones de dólares".

Balcedo y Fiege fueron condenados en Uruguay en 2020 por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. En Argentina, Balcedo enfrenta cargos por liderar una organización que habría desviado millones de pesos del sindicato SOEME. El proceso de extradición permanece estancado desde hace ocho años, y la cooperación judicial entre ambos países ha sido limitada.

El caso pone de manifiesto las dificultades en la recuperación de activos y la coordinación internacional en causas de corrupción y lavado de dinero, así como las tensiones entre la protección de derechos laborales y la preservación de bienes sujetos a investigaciones penales.