En un contexto de alta inflación y tensiones laborales, el reciente acuerdo salarial para los empleados de comercio en Argentina ha generado un fuerte enfrentamiento entre el sindicato, las cámaras empresariales y el gobierno. El acuerdo, firmado el 29 de abril de 2025, establece un aumento acumulativo del 5,4% en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Además, incluye sumas fijas que se incorporarán a los salarios básicos a partir de julio, elevando el salario básico con presentismo a $1.123.000.

Sin embargo, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ha objetado el acuerdo por superar el límite del 1% mensual que el gobierno busca imponer para controlar la inflación. En respuesta, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, ratificó la validez del acuerdo y aseguró que será aplicado incluso sin homologación oficial, gracias a una cláusula específica incluida en el acta firmada con las cámaras empresariales.

El gobierno convocó a una reunión para renegociar el acuerdo, pero el sindicato no asistió, endureciendo su postura. Cavalieri defendió el acuerdo como un "compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores" y criticó la política salarial del gobierno, calificándola de "insostenible". Por su parte, Caputo argumentó que acuerdos como este dificultan la lucha contra la inflación, que se espera que ronde el 3% en abril.

Las cámaras empresariales también están divididas. Mientras algunas apoyan el acuerdo, otras, como la Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA), lo consideran inviable y advierten que el aumento podría trasladarse a los precios, afectando el consumo y profundizando la recesión.

Este conflicto se suma a otros enfrentamientos recientes entre gremios y el gobierno, como el paro de colectivos de la UTA. En un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo, el desenlace de esta disputa será crucial para definir el rumbo de las negociaciones salariales en Argentina.