El Gobierno argentino intensificó esta semana su agenda de reformas políticas y económicas, en medio de un clima de tensión con la oposición y desafíos en el frente social. El oficialismo, liderado por el presidente Javier Milei, impulsa la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como parte de una reforma electoral que busca consolidar el control sobre las candidaturas de cara a 2025. Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia de la oposición dialoguista y otros bloques, que advierten sobre un posible retroceso democrático y la reaparición de mecanismos como las listas colectoras.

En el plano económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero 2026-27, asegurando los fondos necesarios para afrontar el pago de un vencimiento de deuda por US$4400 millones y detallando las fuentes de financiamiento para cubrir compromisos hasta el final del mandato de Milei. Paralelamente, las exportaciones mineras alcanzaron un récord histórico en el primer cuatrimestre del año, con US$3254 millones, impulsadas principalmente por el crecimiento en la comercialización de litio y minerales metalíferos, lo que representa un incremento del 84,3% respecto al mismo período de 2025.

El ámbito laboral se vio sacudido por el cierre de Express Beer, una empresa de logística vinculada a la cervecería Quilmes, que dejó 220 despidos y generó la inmediata reacción del Sindicato de Camioneros, actualmente en estado de alerta y movilización. Entre los afectados se encuentra Jerónimo Moyano, hijo del líder sindical Hugo Moyano.

En materia de seguridad, la ministra Alejandra Monteoliva defendió la baja de la edad de imputabilidad y anunció la preparación de un nuevo plan nacional, al tiempo que criticó la "romantización del delito" y destacó la baja tasa de homicidios en el país. Estas declaraciones se dan en el marco de un debate más amplio sobre la reforma del código penal y la gestión de la seguridad pública.

El escenario político y social argentino continúa marcado por la polarización y la búsqueda de consensos para avanzar en reformas estructurales, mientras el Gobierno procura consolidar su agenda y la oposición mantiene su postura crítica ante los cambios propuestos.