El anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a siete años y medio de inhabilitación profesional por la muerte de Valentín Mercado Toledo, un niño de cuatro años que falleció tras una cirugía de hernia diafragmática en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro. El fallo, dictado por el juez Emilio Stadler, estableció que Krause fue responsable penal del delito de homicidio culposo, tras comprobarse que durante la intervención se distrajo con el celular y abandonó el quirófano en momentos críticos.

El incidente ocurrió el 11 de julio de 2024, cuando Valentín ingresó para una operación considerada de baja complejidad. Durante la cirugía, el tubo endotraqueal que suministraba oxígeno se obstruyó, lo que provocó una encefalopatía hipóxico-isquémica por falta de oxígeno. El monitor de oxígeno estaba desenchufado y la sala carecía de desfibrilador, lo que agravó la situación. Krause utilizó su teléfono celular durante al menos 20 minutos y salió del quirófano para buscar un cargador, según testimonios y pruebas presentadas en el juicio.

La familia de Valentín y la fiscalía solicitaron la pena máxima posible, mientras que la defensa del médico pidió la mínima y que la inhabilitación se limitara al ámbito pediátrico. Tras una semana de incertidumbre y falta de información clara por parte del cuerpo médico, se confirmó la muerte cerebral del niño y la familia accedió a la desconexión.

El juez Stadler consideró que la conducta del anestesiólogo fue negligente y que se apartó de forma notoria de sus obligaciones profesionales. Además de la condena, Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, incluyendo la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.

El caso puso en evidencia fallas en los protocolos médicos y el equipamiento hospitalario, generando debate sobre la seguridad en las intervenciones quirúrgicas y la responsabilidad profesional. La familia expresó conformidad con la sentencia, mientras que el abogado destacó la gravedad de la negligencia y la falta de información adecuada durante la semana posterior al incidente. El fallo marca un precedente en la provincia de Río Negro sobre la responsabilidad penal de los profesionales de la salud.