Matías Rival, un peón rural de Brandsen, fue absuelto tras casi seis años de proceso judicial por la supuesta sustracción de un ternero conocido como "Bigotito". El caso, que comenzó en julio de 2020 durante el aislamiento por la pandemia, se transformó en uno de los expedientes más controvertidos de la justicia bonaerense.

Rival fue inicialmente acusado de abigeato agravado luego de que el animal desapareciera de un establecimiento rural. Según la investigación, el ternero fue hallado por el hermano del acusado, quien lo trasladó para su cuidado. Sin embargo, la fiscalía impulsó la acusación y Rival fue condenado mediante un juicio abreviado, procedimiento que él mismo admitió no haber comprendido completamente. Como resultado, pasó más de un año detenido, tanto en prisión domiciliaria como en penales.

La defensa, encabezada por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Francisco Sánchez Peralta, denunció graves irregularidades en el proceso y logró que el Tribunal de Casación Penal bonaerense anulara la condena. El tribunal consideró que el consentimiento de Rival para el juicio abreviado era nulo y que la sentencia carecía de fundamentos suficientes.

En el nuevo juicio oral, la fiscalía, a cargo de Lucas Domsky, reconoció la falta de pruebas para sostener la acusación y solicitó la absolución del imputado. El juez Lucas Massaccesi dictó la absolución, dejando sin efecto la acusación por el presunto robo del animal.

El caso puso en evidencia deficiencias en los procedimientos judiciales, especialmente en el uso de juicios abreviados y la protección de las garantías procesales. La defensa solicitó que se investigue el accionar de los organismos estatales y judiciales involucrados, mientras que la fiscalía pidió analizar la posible responsabilidad de otros actores.

Rival, tras recuperar la libertad, relató el impacto negativo que el proceso tuvo en su vida personal y laboral. "Me arruinó la vida, me da vergüenza salir al pueblo", declaró. Actualmente, intenta reconstruir su vida lejos de las tareas rurales.

El expediente, que recorrió todas las instancias judiciales, se convirtió en un caso emblemático sobre las garantías judiciales y la necesidad de revisar los procedimientos abreviados en la provincia de Buenos Aires.