Michael Jean Carballo, el conductor acusado de provocar el choque fatal en José C. Paz que terminó con la vida de Renzo Benítez y Eliana Ramírez, fue excarcelado tras pagar una fianza de 30 millones de pesos, según confirmaron fuentes judiciales. El accidente, ocurrido el 31 de octubre en la intersección de Ruta 197 y Mendoza, dejó además a los tres hijos de la pareja huérfanos, quienes sobrevivieron con heridas de diversa gravedad.

La excarcelación de Carballo, de 23 años y sin antecedentes penales, fue posible luego de que depositara parte de la suma exigida en efectivo y ofreciera como garantía un automóvil de su padre. El juez de Garantías de San Martín consideró que no existían riesgos procesales y autorizó su libertad bajo estrictas condiciones: no podrá ausentarse de su domicilio por más de 48 horas y deberá presentarse periódicamente ante el tribunal. Además, fue inhabilitado para conducir hasta el año 2099 por disposición del Ministerio de Transporte bonaerense.

Las pericias accidentológicas determinaron que ambos conductores incurrieron en imprudencias. Carballo circulaba a una velocidad promedio de 88 km/h, superando ampliamente el límite permitido, mientras que el Renault 12 de la familia Benítez cruzó la intersección con el semáforo en rojo. Los informes también señalaron que, de haber frenado a tiempo, ambos vehículos podrían haber evitado el impacto. Ninguno de los involucrados presentaba rastros de alcohol o drogas en sangre.

El abogado de la familia de las víctimas, Marcelo Chumba, apeló la excarcelación ante la Cámara, aunque la fiscalía, a pesar de haber agravado la imputación tras recibir nuevas pericias, decidió no apelar. Carballo enfrenta cargos de doble homicidio culposo y lesiones culposas agravadas, con una posible pena de 3 a 6 años de prisión.

El caso ha generado un intenso debate público sobre la justicia en delitos viales y la efectividad de las medidas preventivas. La magnitud de la fianza y la inhabilitación de por vida para conducir son vistas como sanciones ejemplares, aunque familiares y organizaciones de seguridad vial consideran insuficiente la excarcelación. El desenlace judicial será seguido de cerca por la sociedad, que reclama mayor rigor en la sanción de conductas peligrosas al volante.