El conflicto docente en San Juan vivió una jornada clave tras la suspensión del paro de 48 horas que los gremios UDAP, UDA y AMET habían anunciado para el 11 y 12 de marzo. La decisión de levantar la medida de fuerza se produjo luego de que la Subsecretaría de Trabajo provincial intimara a los sindicatos a cumplir con la nueva ley nacional de modernización laboral, que declara a la educación como un servicio esencial y exige garantizar al menos el 75% de la prestación educativa durante cualquier conflicto.

La normativa, recientemente aprobada a nivel nacional, limita el derecho a huelga en el sector educativo y obliga a los gremios a presentar un plan de acción detallado para asegurar la continuidad del servicio. Ante la imposibilidad de organizar un sistema de guardias para 25.000 docentes, los sindicatos optaron por suspender el paro y reemplazarlo por una marcha de antorchas realizada en la Plaza 25 de Mayo, en pleno centro de la capital sanjuanina. La movilización, que reunió a unos 250 educadores, buscó visibilizar el reclamo salarial y el rechazo a la nueva normativa.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, destacó la presencia de los docentes en la manifestación y remarcó: “Acá está la docencia y decimos: estamos presentes”. Por su parte, Karina Navarro, de UDA, insistió en que el eje del conflicto sigue siendo la mejora salarial, mientras que desde AMET se cuestionó la falta de avances en la mesa de negociación.

El Gobierno provincial, a través del ministro de Economía Roberto Gutiérrez, reconoció la compleja situación financiera derivada de la caída de la coparticipación nacional, que afecta la capacidad de la provincia para otorgar aumentos. Gutiérrez aseguró que la propuesta salarial que se presentará en la próxima reunión paritaria será "superadora" y defendió que los incrementos otorgados hasta ahora han estado por encima de la inflación.

El conflicto docente en San Juan se enmarca en un proceso de negociación paritaria que comenzó en febrero y aún no ha logrado un acuerdo. La reforma laboral nacional y la crisis financiera provincial condicionan el desarrollo de las discusiones, mientras los gremios advierten que la suspensión del paro no significa el fin del reclamo y evalúan judicializar las restricciones impuestas al derecho a huelga. El próximo encuentro entre las partes está previsto para el 12 de marzo, con la expectativa de destrabar el conflicto y alcanzar una solución que contemple las demandas salariales del sector.