Una cabo de la Policía de Neuquén, Constanza Parra, protagonizó una protesta inusual al esposarse en las escalinatas de la Casa de Gobierno en Neuquén. La oficial denunció violencia de género y corrupción por parte de dos superiores de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, lo que generó una rápida reacción de las autoridades provinciales.

Parra, quien se encuentra con licencia psicológica, afirmó que sus denuncias contra el comisario Héctor Baigorria y el suboficial Rafael Villar no habían sido atendidas adecuadamente. Según su relato, los acusados continuaron en funciones y con armamento, mientras que ella fue desarmada y apartada de sus labores. "Estoy pagando el precio por hablar", declaró la cabo, visiblemente afectada.

El caso tomó relevancia pública cuando Parra decidió encadenarse en la Casa de Gobierno, exigiendo una reunión con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. La protesta llevó a que las autoridades provinciales tomaran medidas inmediatas. Los dos oficiales denunciados fueron apartados de sus cargos y se les retiraron las armas mientras se lleva a cabo la investigación. Además, se amplió la protección cautelar para la denunciante.

El abogado de Parra, Gustavo Lucero, calificó la situación como un abuso de poder y destacó que la cabo había agotado todas las vías institucionales antes de recurrir a esta medida extrema. "No puede volver a repetirse que una persona llegue a este nivel de desesperación", afirmó Lucero, quien prometió llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, la subsecretaria de Mujeres, Lorena Barabini, y el ministro Nicolini aseguraron que ya se estaban tomando medidas antes de la protesta, pero reconocieron que estas fueron insuficientes para la percepción de la denunciante. "Es fundamental revisar los protocolos para garantizar que las víctimas se sientan protegidas", señaló Barabini.

El caso ha generado un amplio debate en la opinión pública sobre la violencia de género y la corrupción en las fuerzas de seguridad. También pone en evidencia fallas en los protocolos de respuesta ante denuncias internas, lo que podría tener implicaciones para la credibilidad de la Policía de Neuquén y las instituciones provinciales.

Mientras continúa la investigación, el gobierno provincial se comprometió a reforzar las medidas de protección y a capacitar a los agentes estatales en la identificación y manejo de casos de violencia de género. "Esto es una oportunidad para que haya consecuencias reales y para que la institución pueda autosanearse", concluyó Lucero.