El Parlamento de Italia aprobó una nueva ley que restringe el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia, una medida que afecta principalmente a los bisnietos de italianos en Sudamérica, especialmente en Argentina. La normativa, impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, fue ratificada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, tras haber sido revisada previamente por el Senado.

La ley limita la ciudadanía italiana a hijos y nietos de italianos, excluyendo a bisnietos y generaciones posteriores. Según el principio de "ius sanguinis", que regía hasta ahora, los descendientes de italianos podían obtener la ciudadanía sin importar la cantidad de generaciones que los separaran de su antepasado. Sin embargo, la nueva normativa establece que solo podrán acceder quienes tengan un progenitor o abuelo nacido en Italia y que no se haya naturalizado en otro país.

El gobierno italiano argumenta que la medida busca evitar abusos y la comercialización de pasaportes italianos, además de aliviar la carga administrativa en los consulados, que enfrentan tiempos de espera de hasta diez años para procesar solicitudes. Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores, declaró que "la ciudadanía debe ser una cosa seria" y que la reforma permitirá hacer más eficientes los servicios consulares.

La ley incluye una disposición transitoria que permite procesar las solicitudes ingresadas antes del 27 de marzo de 2025 bajo la normativa anterior. Además, establece nuevas vías para obtener la ciudadanía, como residir en Italia por al menos dos años o iniciar un juicio por derecho de sangre. Sin embargo, estas alternativas han sido criticadas por su complejidad y costo.

La medida ha generado reacciones mixtas. Mientras que el gobierno la defiende como una forma de fortalecer el vínculo con las comunidades italianas en el extranjero, la oposición y diversos sectores la consideran un "fracaso político". Toni Ricciardi, vicepresidente del Partido Democrático, criticó la ley por romper el vínculo histórico de Italia con su diáspora y calificó la medida como "una sentencia de pérdida de identidad" para miles de descendientes.

En Sudamérica, donde se concentra una gran parte de la diáspora italiana, la noticia ha causado preocupación. En Argentina, por ejemplo, se estima que entre 40,000 y 60,000 solicitudes de ciudadanía corresponden a bisnietos de italianos, quienes ahora quedan excluidos del proceso. Gestores y abogados anticipan una ola de juicios por inconstitucionalidad, argumentando que la ley no puede aplicarse retroactivamente.

La nueva normativa representa un cambio significativo en la relación de Italia con su diáspora, generando tanto apoyo como rechazo en diferentes sectores. Mientras algunos ven en la medida una forma de modernizar el sistema, otros la consideran una ruptura con las raíces históricas y culturales de millones de ítalo-descendientes en el mundo.