El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, impulsado por el Gobierno argentino y actualmente en debate en el Senado, ha desatado una fuerte controversia nacional. La iniciativa propone modificar la protección legal de los glaciares y el ambiente periglacial, restringiendo su alcance a aquellos cuerpos de hielo que demuestren una "funcionalidad hídrica efectiva". Esta redefinición permitiría la habilitación de proyectos mineros en áreas actualmente protegidas, bajo el argumento de promover inversiones y generar divisas para el país.

El dictamen favorable de las comisiones de Ambiente y Minería del Senado habilitó el tratamiento del proyecto en el recinto para febrero de 2026. La reforma otorga a las provincias la facultad de determinar, mediante estudios propios, qué glaciares deben ser protegidos y cuáles pueden ser desafectados del inventario nacional. Este mecanismo ha sido criticado por organizaciones ambientales y científicos, quienes advierten que podría derivar en una "competencia a la baja" en los estándares de protección y facilitar la intervención minera en zonas sensibles.

Desde el sector minero, la Federación Argentina de Proveedores Mineros y la Cámara Argentina de Empresas Mineras han manifestado su respaldo a la reforma. Argumentan que la ley vigente presenta ambigüedades que dificultan la inversión y la planificación de actividades productivas, y sostienen que una normativa más precisa permitirá compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental.

En contraste, ambientalistas, científicos y figuras públicas han lanzado campañas y solicitadas en defensa de la ley actual, alertando sobre el riesgo de un retroceso ambiental y legal. Señalan que la reforma podría debilitar la única norma que limita la megaminería en las cabeceras de los ríos y vulnerar compromisos internacionales asumidos por Argentina. La Corte Suprema, en 2019, ya había validado la constitucionalidad de la ley vigente, subrayando la necesidad de una protección uniforme de los recursos hídricos.

El debate se da en un contexto de crisis climática y retroceso acelerado de los glaciares, lo que incrementa la relevancia de su preservación para la seguridad hídrica y la vida de las comunidades. El desenlace legislativo será clave para el futuro de la política ambiental y productiva del país.