La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina aprobó el 17 de diciembre de 2025 una reforma integral del Régimen de Oferta Pública para emisoras de valores negociables, mediante la Resolución General 1095/2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo principal simplificar y modernizar el marco normativo del mercado de capitales, facilitando el acceso de emisores, especialmente pequeñas y medianas empresas (PyMEs), a fuentes de financiamiento.

La reforma implica la eliminación de regímenes considerados obsoletos, la consolidación de normativas y la reducción de aproximadamente un 20% de la extensión normativa aplicable. Entre los cambios más relevantes se encuentran la simplificación y agilización de los procedimientos de autorización y emisión de valores negociables, la reducción de costos y plazos para los emisores, y la digitalización de procesos administrativos, eliminando la necesidad de publicaciones en medios ya en desuso, como el fax o los prospectos resumidos.

La CNV también estableció reglas de transición para las emisiones previas a la entrada en vigencia de la nueva normativa, garantizando la protección de los derechos adquiridos por los emisores e inversores. Además, se unificaron y flexibilizaron los requisitos para la emisión de valores, con especial atención a las PyMEs y a las emisoras de bajo impacto, buscando otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, subrayó que la reforma es un paso clave para agilizar el acceso al mercado de capitales y reducir cargas regulatorias innecesarias. Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que el principal obstáculo para la inversión en Argentina era la excesiva burocracia estatal, más que la falta de capital.

La iniciativa se enmarca en una política más amplia de desregulación y modernización del Estado argentino, respaldada por la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Financiamiento Productivo. La reforma fue precedida por otras medidas de simplificación en fondos comunes de inversión y regímenes especiales, y responde a un relevamiento normativo dispuesto por el Decreto 90/2025.

Desde el sector regulador y el gobierno se espera que la medida favorezca el financiamiento de la economía real, fortalezca la eficiencia y transparencia del mercado, y genere una reacción positiva entre emisores e inversores. Sin embargo, se anticipa un período de adaptación normativa para los distintos actores del mercado, manteniéndose el énfasis en la protección al inversor y el cumplimiento de los deberes de transparencia.