El proceso judicial por el caso Lucía Pérez ingresó en una nueva fase esta semana, con la apertura de audiencias destinadas a fijar una nueva condena para Matías Farías. La instancia se produce luego de que la Cámara de Casación anulara la condena a prisión perpetua dictada en 2023, al considerar que no correspondía atribuirle la figura de femicidio en la muerte de la adolescente de 16 años. Ahora, el tribunal debe determinar la pena únicamente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes.

Durante la primera jornada, los jueces Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert escucharon los planteos iniciales del fiscal Carlos Russo, la defensora oficial María Laura Solari y el abogado de la familia de la víctima, Juan Pablo Gallego. La familia de Lucía, presente en la sala, reiteró su pedido de justicia y anticipó que insistirá ante la Suprema Corte para que se reconsidere la figura de femicidio. "Vamos a sostener la figura de femicidio porque consideramos que hoy la volvimos a probar", afirmó Gallego.

Las audiencias, que continuarán con los alegatos de las partes, se centran en la evaluación de agravantes y atenuantes para determinar la condena. Farías, quien siguió la audiencia por videollamada, fue previamente condenado a ocho años de prisión por venta de drogas, pero absuelto de los delitos de abuso sexual y femicidio en 2018. La defensa presentó testigos cuya credibilidad fue cuestionada por la querella, mientras que los padres de Lucía declararon sobre el impacto del caso en sus vidas.

El caso, ocurrido en octubre de 2016, tuvo un fuerte impacto social y generó debates sobre la violencia de género y el accionar de la justicia. Lucía Pérez murió tras consumir drogas y mantener relaciones sexuales con Farías, quien luego, junto a otros dos hombres, trasladó el cuerpo a una sala de salud donde se constató su muerte. La sentencia definitiva se conocerá la próxima semana, mientras la familia de la víctima y organizaciones sociales mantienen la expectativa de que se haga justicia y se reconozca el contexto de violencia de género en el fallo final.