El gobierno argentino oficializó la disolución de la Secretaría Pyme y la Secretaría de Industria y Comercio, cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía. Esta medida, enmarcada en un proceso de reestructuración interna, se produce en medio de una profunda crisis para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan recesión, falta de crédito y una presión fiscal elevada.

Según datos de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), en el último año y medio cerraron 15.000 pymes, lo que equivale a 40 cierres diarios. Las pymes son responsables del 50% del Producto Bruto Interno y generan el 70% del empleo en el país, lo que subraya el impacto social y económico de la crisis. La industria nacional perdió 37.000 empleos desde agosto de 2023, mientras que la construcción cayó un 29% desde la asunción de Javier Milei.

El asesor financiero Julián Bernat destacó que "el Estado y los bancos deberían generar condiciones para impulsar las pymes", pero actualmente los problemas de competitividad, las altas tasas de crédito (que rondan el 60%) y los impuestos distorsivos dificultan el crecimiento del sector. En Tucumán, por ejemplo, el impuesto a los Ingresos Brutos afecta la rentabilidad de las empresas, ya que se paga sobre las ventas y no sobre las ganancias.

La reestructuración del Ministerio de Economía también incluyó la renuncia de tres funcionarios clave en las áreas de producción e industria, sumando seis bajas en el último mes y casi 140 desde el inicio de la gestión Milei. El ministro Luis Caputo despidió a los funcionarios a través de redes sociales, agradeciéndoles por su labor y calificándolos de "gigantes profesionales". Desde el gobierno se argumenta que la medida busca "optimizar la estructura para volver más eficiente su funcionamiento".

Empresarios y economistas advierten que la apertura comercial y la apreciación cambiaria favorecen las importaciones, lo que afecta la competitividad local y contribuye al cierre de empresas. Además, la eliminación de la obra pública nacional y los recortes de fondos a las provincias han golpeado a sectores intensivos en mano de obra, como la manufactura y la construcción.

La Unión Industrial Argentina (UIA), que inicialmente respaldó al gobierno, ahora reconoce las pérdidas de empleo y reclama una reducción de impuestos para proteger la competitividad local. "El éxito de una pyme no depende del Estado, pero las condiciones no deben restar", sostiene Bernat, reflejando la preocupación generalizada en el sector. Las asociaciones empresariales como ENAC y CAME han expresado públicamente su inquietud ante la falta de apoyo estatal y bancario, mientras el futuro de las pymes argentinas permanece incierto en este nuevo escenario político y económico.