Nicolás Payarola, exabogado de reconocidas figuras del espectáculo y el deporte argentino, fue detenido en su domicilio de Nordelta tras una investigación que lo vincula con al menos once hechos de estafa y administración fraudulenta. La causa, impulsada por la fiscalía de San Isidro y la Policía Bonaerense, involucra a clientes de alto perfil, entre ellos la conductora Wanda Nara y la familia del futbolista Gonzalo Montiel.

La detención se produjo luego de que la jueza de Garantías de San Isidro revocara la eximición de prisión que beneficiaba al letrado, tras comprobarse que accedía de manera remota a dispositivos electrónicos secuestrados, obstaculizando el peritaje judicial. Durante el procedimiento, se incautó documentación vinculada a Wanda Nara, quien hasta el momento no ha realizado declaraciones públicas sobre el caso.

Según la investigación, Payarola habría defraudado a sus clientes mediante la promesa de servicios legales y negocios inmobiliarios que nunca se concretaron. En el caso de la familia Montiel, el perjuicio económico superaría los 700 mil dólares, mientras que el total de las estafas denunciadas asciende a más de 1,8 millones de dólares. El modus operandi incluía la generación de confianza, el cobro de importantes sumas de dinero y la posterior evasión de responsabilidades, utilizando excusas y documentación falsa.

Entre las víctimas también se encuentran la abogada Macarena Posse y otras mujeres que contrataron a Payarola para trámites de divorcio y sucesiones. Las denuncias coinciden en señalar un patrón de engaño y manipulación, así como la dificultad para recuperar los fondos entregados.

El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito mediático y deportivo, con figuras como Yanina Latorre especulando sobre el silencio de Wanda Nara y la posible implicancia de otros actores. La justicia continúa investigando la extensión de las maniobras fraudulentas y la posible participación de socios y colaboradores del abogado detenido. Se espera que la indagatoria y el avance de la causa permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales y civiles correspondientes.