Un informe reciente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió las alarmas sanitarias en Argentina al detectar niveles elevados de arsénico en el agua de consumo en varias provincias, con especial foco en Buenos Aires. Según el relevamiento, más de cuatro millones de personas podrían estar expuestas a este contaminante, que supera los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en numerosos distritos.

El estudio, basado en más de 350 muestras de aguas superficiales y subterráneas, identificó 66 municipios bonaerenses en situación de riesgo, de los cuales 14 se encuentran en alerta máxima. Municipios como Tres Arroyos, Balcarce, Junín y Sauce (Corrientes) presentan concentraciones superiores a 50 partes por mil millones (ppb), umbral a partir del cual el agua no es apta para consumo ni para cocinar. En Sauce, la concentración alcanzó los 105,3 ppb, según el informe del ITBA.

El arsénico, de origen natural y frecuente en aguas subterráneas argentinas, puede provocar graves consecuencias para la salud. La exposición prolongada está asociada al desarrollo de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad que incrementa el riesgo de cáncer de pulmón y laringe, así como afecciones respiratorias crónicas y fibrosis pulmonar. "El monitoreo es el camino a la tranquilidad", afirmó Jorge Daniel Stripeikis, responsable del estudio, quien destacó la importancia de enviar muestras para análisis y evitar el consumo de agua de pozos no controlados.

Frente a la preocupación generada, Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) aseguró que el agua de red en su área de concesión cumple con los parámetros establecidos y no implica riesgos para la salud. Sin embargo, advirtió sobre los peligros de consumir agua de perforaciones particulares, que suelen quedar fuera de los controles oficiales.

El informe también resalta la desigualdad en el acceso al agua segura, especialmente en zonas rurales, donde muchas familias dependen de pozos artesanales. Organizaciones como la Fundación Aguas y universidades nacionales impulsan proyectos de mapeo y concientización para abordar el problema.

La situación, que dejó de ser puntual para convertirse en un desafío sanitario extendido, exige controles más estrictos y soluciones integrales. Los especialistas coinciden en la necesidad de monitoreo constante y el desarrollo de tecnologías accesibles para garantizar el derecho al agua segura en todo el país.