A dos años de la elección que llevó a Javier Milei a la presidencia, la política argentina se encuentra en medio de una fuerte controversia por la investigación judicial sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El caso, que involucra a funcionarios del gobierno y menciona a Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, ha generado un intenso debate sobre la transparencia y el modelo de gestión libertario.

La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, se centra en un presunto esquema de coimas y desvío de fondos públicos destinados a la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. Audios y documentación incautada en allanamientos apuntan a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, como pieza clave en la operatoria. Según la fiscalía, existió un mecanismo sistemático de sobreprecios y pagos ilegales, con porcentajes fijos sobre los contratos adjudicados. De acuerdo con los registros judiciales, parte de estos fondos habrían terminado en manos de operadores vinculados al gobierno, y se menciona a Karina Milei como posible receptora de retornos.

El presidente Milei, consultado sobre el caso, negó cualquier irregularidad y denunció que se trata de una "operación política" destinada a perjudicar a su gestión en vísperas de las elecciones. "Tengo una absoluta tranquilidad. En esas cosas somos implacables. Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas como no lo son. No quiero entorpecer el actuar de la Justicia, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz", afirmó en declaraciones radiales. Milei también apuntó contra la complicidad de los medios y la oposición, señalando que este tipo de denuncias suelen aparecer en momentos electorales clave.

Spagnuolo y otros implicados se presentaron a indagatoria, pero evitaron responder preguntas. Su defensa cuestionó la cronología y verosimilitud de las pruebas presentadas por la fiscalía. Mientras tanto, la investigación avanza con nuevas medidas sobre empresarios y operadores vinculados al expediente. El impacto económico estimado por la fiscalía supera los 43 mil millones de pesos desviados en un año, lo que ha generado preocupación en sectores sociales y políticos.

El caso ANDIS se suma a otras denuncias recientes, como el presunto vínculo entre el diputado José Luis Espert y el empresario Federico "Fred" Machado, procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Estas situaciones han puesto en tela de juicio la ética de la gestión libertaria y el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.

En este contexto, el gobierno destaca avances económicos y acuerdos internacionales, mientras enfrenta críticas por la gestión de fondos públicos y la transparencia institucional. El debate sobre la corrupción y la ética pública continúa, con la sociedad asumiendo estos hechos como parte del costo del orden prometido por Milei. La resolución judicial del caso ANDIS será clave para definir el futuro político y social del país.