Cristina Kirchner, ex presidenta de la Nación, cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. La medida, dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°2, establece que solo pueden visitarla familiares, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona debe solicitar autorización previa al tribunal. Esta restricción ha sido calificada por la propia Kirchner y su defensa como "arbitraria" y "violatoria de derechos civiles y políticos".

En un comunicado difundido en redes sociales, la ex mandataria expresó: "El resto de mis relaciones con el mundo exterior… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización, en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles". Sus abogados presentaron recursos legales para revertir la medida y advirtieron que, de no prosperar, acudirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, solicitó formalmente que Kirchner no cumpla la condena en su domicilio actual, argumentando que la presencia de militantes y los operativos de seguridad afectan la convivencia y la seguridad del barrio. En la madrugada del viernes, se desplegó un operativo policial con vallas y se retiraron pancartas y pasacalles de apoyo a la ex presidenta, lo que fue criticado por Kirchner como un intento de provocación por parte de las autoridades.

El tribunal, en tanto, sostiene que las restricciones buscan garantizar la seguridad y el cumplimiento de la condena, y que la vigilancia electrónica y el régimen de visitas son habituales en casos de prisión domiciliaria. Sin embargo, la defensa de Kirchner insiste en que se trata de un trato diferencial y sin fundamento normativo.

El caso ha generado un amplio debate político y social, con posturas encontradas sobre la legalidad y proporcionalidad de las medidas impuestas. Mientras tanto, la situación de la ex presidenta continúa bajo la atención de la opinión pública y de organismos nacionales e internacionales.