La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta semana la Ley de Modernización Laboral, una de las iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei. El debate estuvo marcado por incidentes, como el protagonizado por la diputada Florencia Carignano, quien arrancó cables de grabadoras durante la sesión, lo que motivó pedidos de expulsión y una denuncia penal por parte del bloque oficialista La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich, senadora y jefa de bloque de LLA, calificó el accionar de Carignano como "una barbarie" y solicitó que la diputada pague los daños de su bolsillo. Carignano, por su parte, defendió su accionar en declaraciones radiales, afirmando: "¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos".

La aprobación de la reforma laboral generó rechazo entre sindicatos y sectores opositores. La CGT y gremios realizaron una huelga en protesta, con el apoyo de dirigentes como Pablo Moyano, quien agradeció a los trabajadores y llamó a "seguir luchando por la dignidad". El senador Luis Juez advirtió que la reforma "no genera empleo por sí sola" y que su efectividad dependerá de cambios fiscales y reducción de impuestos.

En paralelo, el gobierno oficializó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a fomentar inversiones, bajar impuestos y crear empleo genuino. Javier Lanari, titular de la Secretaría de Comunicación, celebró la medida y destacó su potencial impacto positivo.

El contexto político se mantiene polarizado, con fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Germán Martínez, presidente de la bancada kirchnerista, prometió derogar la ley si el peronismo vuelve al poder, mientras Bullrich respondió: "Les va a costar ser gobierno". Analistas y exfuncionarios, como Domingo Cavallo, señalaron logros y falencias en el programa económico de Milei, alertando sobre riesgos vinculados a la deuda y el sistema financiero.

La semana próxima, el Congreso continuará el debate sobre otras reformas, como la baja de la edad de imputabilidad y acuerdos internacionales, en un clima de alta tensión política y social.