La reciente designación de jueces en Argentina ha desatado una fuerte polémica por supuestas irregularidades en el proceso de selección. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), 12 de los 67 candidatos enviados por el Gobierno al Senado experimentaron saltos de más de 10 posiciones entre el orden de mérito inicial y el final, lo que ha generado sospechas sobre la transparencia y equidad del sistema.

El informe, respaldado por otras organizaciones como Poder Ciudadano, advierte que estos cambios, sumados a la existencia de vínculos familiares entre algunos postulantes y magistrados, plantean interrogantes sobre la independencia judicial. Además, se destaca la persistente desigualdad de género, ya que el 70% de los propuestos son hombres.

En el Senado, la Comisión de Acuerdos avanzó en la aprobación de 16 pliegos para jueces, en un proceso que estuvo marcado por la ausencia del bloque peronista, que cuestionó la validez de la comisión y denunció que la mayoría de los postulantes no respetan el orden de mérito. El senador José Mayans advirtió que "de los dieciséis postulantes solo cuatro están propuestos correctamente y once están violando como mínimo el principio de orden de mérito".

Mientras tanto, fuentes judiciales y políticas señalan que existen negociaciones entre distintos sectores para ubicar candidatos afines, tanto al oficialismo como a la oposición, en las ternas que luego son elevadas al Ejecutivo y al Senado. Esta situación ha sido calificada por ONGs y referentes judiciales como un riesgo para la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.

En respuesta a las críticas, el Consejo de la Magistratura debate un nuevo reglamento para limitar la discrecionalidad en las entrevistas personales, instancia señalada como clave en los cambios de mérito. La Corte Suprema impulsa estos cambios, aunque persisten diferencias internas sobre aspectos como la igualdad de género y la representación universitaria.

El gobierno de Javier Milei, que tiene la posibilidad de renovar más de un tercio de la Justicia, enfrenta el desafío de garantizar un proceso transparente y equitativo, en un contexto de alta sensibilidad institucional. Las próximas decisiones en el Senado y el Consejo de la Magistratura serán determinantes para el futuro de la independencia judicial en Argentina.