El reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica desató una ola de protestas en el ámbito educativo y sanitario argentino. Autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios docentes y no docentes convocaron a un paro nacional y anunciaron una movilización para el día en que el Congreso debata la medida.

La ley vetada contemplaba la actualización de partidas presupuestarias para universidades, hospitales universitarios y becas estudiantiles, así como una recomposición salarial para docentes y no docentes. Según Piera Fernández, ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina, el costo fiscal de la norma representaba apenas el 0,1% del PBI, cifra que consideró "insignificante" en comparación con otras decisiones del Ejecutivo. Fernández también denunció la falta de diálogo con el Gobierno y advirtió sobre el deterioro salarial y la migración de docentes hacia el sector privado.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, alertó sobre el "estado crítico" de las universidades y reclamó al Congreso que rechace el veto presidencial. "Si seguimos por este camino, no hay futuro para la universidad ni para nuestro país", afirmó. La situación financiera llevó a la UBA a anunciar un plan de restricción de gastos operativos, reorganizando actividades y postergando consumos energéticos para sostener el funcionamiento.

El conflicto se produce en un contexto de recortes presupuestarios: según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el presupuesto universitario de 2025 es un 9% inferior al del año anterior y acumula una caída del 32% desde 2023. El Hospital Garrahan, afectado por el veto a la emergencia pediátrica, se sumó a las protestas y prevé movilizaciones conjuntas con el sector universitario.

En el plano político, la oposición en el Congreso trabaja para revertir el veto, mientras que el radicalismo porteño evidenció divisiones internas al votar una declaración contra la medida. El debate sobre el financiamiento universitario y la salud pública se intensifica, con la comunidad educativa y sanitaria reclamando previsibilidad y defensa de los derechos sociales. El desenlace dependerá de la decisión que adopte el Congreso en los próximos días.