Valentina Olguín, cantante e influencer santiagueña de 27 años, enfrenta graves acusaciones por el uso indebido de datos fiscales de cinco gobernadores argentinos para importar ropa desde el exterior. La maniobra, que comenzó en 2024, fue descubierta cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió notificaciones de compras realizadas a su nombre sin su autorización. Tras la denuncia de Jaldo, se reveló que Olguín también utilizó los datos de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis).

Según la investigación, Olguín superó el límite de importaciones personales permitido por la Aduana, que establece un máximo de cinco envíos anuales de hasta USD 3000. Para sortear estas restricciones, recurrió inicialmente a los datos fiscales de familiares y amigos, y posteriormente a los CUIT de los gobernadores, seleccionados "al azar". La ropa era enviada a su domicilio en el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires, y supuestamente utilizada para colaboraciones publicitarias.

En su defensa, Olguín argumentó desconocimiento de la ilegalidad de sus acciones y negó cualquier intención de lucro o vínculo político. "Fue una imprudencia desde el desconocimiento", declaró la cantante, quien también aseguró estar dispuesta a asumir las consecuencias legales. Su abogada, Claudia Paz, afirmó que no hubo transacciones financieras involucradas y que la ropa era parte de canjes publicitarios.

La justicia federal, a cargo del fiscal José Agustín Chit, investiga el caso como contrabando simulado, un delito que podría implicar penas de entre dos y ocho años de prisión. Durante un allanamiento en su domicilio, se incautaron prendas, dispositivos electrónicos y documentos que contenían datos fiscales de los gobernadores.

El caso ha generado un intenso debate sobre la seguridad de los datos fiscales en Argentina y la facilidad con la que pueden ser utilizados de manera indebida. Gobernadores como Jaldo han expresado su preocupación por la vulnerabilidad del sistema y han instado a los ciudadanos a revisar si también han sido víctimas de este tipo de maniobras.

Mientras tanto, la defensa de Olguín busca llegar a un acuerdo judicial que podría incluir multas o sanciones civiles. El caso sigue en curso, y la atención mediática no cesa, marcando un capítulo complejo en la vida de esta figura pública del mundo artístico.