La Cámara en lo Penal de Esquel, provincia de Chubut, anuló una condena penal y ordenó la realización de un nuevo juicio tras descubrir que el juez de primera instancia utilizó inteligencia artificial para redactar parte fundamental de la sentencia. El caso involucra a Raúl Amelio Payalef, condenado el 4 de junio de 2025 a dos años y medio de prisión por robo simple, y marca un hito en la discusión sobre el uso de IA en la justicia argentina.

La decisión fue adoptada por los jueces Hernán Dal Verme, Martín Zacchino y Carina Estefanía, quienes detectaron en la sentencia una frase que evidenciaba la intervención de un asistente de IA: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”. Esta revelación llevó al tribunal a considerar que el uso no supervisado de IA vulneró garantías constitucionales básicas, como el debido proceso y la obligación de motivar las decisiones judiciales.

La defensa del acusado había impugnado la condena alegando falta de evidencia directa y arbitrariedad en la fundamentación, mientras que la fiscalía defendió la solidez de la investigación. Sin embargo, el eje del conflicto se desplazó cuando la Cámara advirtió la falta de transparencia y control humano en el uso de la IA, lo que impidió verificar la trazabilidad del razonamiento judicial y afectó el derecho de las partes a ejercer un control efectivo sobre la sentencia.

El tribunal resolvió anular la sentencia y el juicio, ordenando que el caso sea reenviado a otro juez para un nuevo debate oral. Además, dispuso remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Chubut para que investigue las consecuencias del uso incorrecto de la IA y determine eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias.

El fallo se apoya en las directrices éticas del Superior Tribunal de Justicia provincial, que prohíben delegar funciones jurisdiccionales en sistemas automatizados y exigen la supervisión humana de todo contenido generado por IA. Expertos legales consultados consideran que la decisión es necesaria para preservar la legitimidad y transparencia del proceso judicial, y advierten sobre los riesgos asociados al uso de IA sin control, como la exposición de datos personales y la generación de razonamientos no verificables.

Este caso, el primero en Argentina en el que se anula una condena penal por el uso indebido de IA, se suma a una tendencia global que exige un debate ético y normativo sobre la integración de tecnologías en la administración de justicia. La resolución de la Cámara de Esquel podría sentar precedentes para futuros casos y contribuir a la elaboración de marcos regulatorios más estrictos en el país.