Dos trabajadores de la empresa Aguas del Norte fallecieron y un tercero resultó gravemente herido el pasado 5 de mayo en Rivadavia Banda Sur, Salta, tras inhalar gases tóxicos mientras realizaban tareas de mantenimiento en el sistema cloacal. La investigación judicial, encabezada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, determinó que los operarios ingresaron a una cámara cloacal de aproximadamente siete metros de profundidad sin los elementos de seguridad ni la capacitación exigida por la normativa vigente.

Las autopsias confirmaron que las víctimas, identificadas como Emanuel Aguirre y Raúl Torres, murieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los estudios toxicológicos detectaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico capaz de provocar la muerte en pocos segundos dentro de espacios confinados. El tercer trabajador logró sobrevivir, aunque sufrió lesiones graves.

La fiscalía imputó a cuatro responsables de la empresa Aguas del Norte: el jefe operativo-supervisor, el gerente operativo del interior provincial, el coordinador de Higiene y Seguridad y la responsable del área de Higiene y Seguridad. Se los acusa de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, así como de lesiones graves por no garantizar la seguridad de los trabajadores.

Según la investigación, los directivos no implementaron ni controlaron los protocolos de seguridad, no garantizaron la capacitación específica del personal ni la provisión de los elementos de protección y rescate necesarios. Familiares de las víctimas denunciaron que la empresa mantenía prácticas inseguras y que los trabajadores realizaban tareas de alto riesgo sin la protección adecuada. "Si estos trabajadores hubieran estado bien equipados, no tendría que haber muerto ninguno", expresó el padre de una de las víctimas.

Tras el incidente, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) ordenó reforzar las medidas de seguridad, prohibiendo el ingreso a cámaras cloacales sin los equipos correspondientes. Sin embargo, familiares y trabajadores advierten que aún persisten falencias en la protección laboral.

El caso puso en debate las condiciones de seguridad en el sector y la responsabilidad de las empresas en la prevención de riesgos laborales. La causa judicial continúa en curso, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y cambios estructurales para evitar nuevas tragedias.