El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de un ropero sellado con cemento en un departamento céntrico de Córdoba ha generado conmoción y renovado cuestionamientos sobre el sistema judicial y penitenciario. El departamento, ubicado en la calle Buenos Aires al 300, era habitado por Horacio Grasso, un ex policía condenado en 2009 a 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo, un niño de seis años, durante un tiroteo narco en 2007.

El cuerpo fue descubierto el 5 de julio de 2025 por albañiles que realizaban refacciones, convocados por Jorge Grasso, hermano de Horacio. Los trabajadores, alertados por un fuerte olor, encontraron el cadáver envuelto en mantas, atado con cables y cubierto con cemento dentro de un placard. El estado de descomposición impide, por el momento, determinar el sexo y la identidad de la víctima, aunque los primeros indicios forenses sugieren que podría tratarse de una mujer y que el cuerpo llevaba hasta dos años oculto.

Al momento del hallazgo, Horacio Grasso no se encontraba en el departamento, ya que había sido trasladado días antes al penal de Bouwer por incumplir las condiciones de su prisión domiciliaria, beneficio que había recibido en 2019 por problemas cardíacos. Sin embargo, Grasso había violado en varias ocasiones las restricciones impuestas, lo que pone en tela de juicio la eficacia de los controles estatales sobre los condenados con arresto domiciliario.

La investigación, a cargo de la fiscalía y del Instituto de Medicina Forense, se centra en identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias de su muerte. Se realizan peritajes sobre el cuerpo y el lugar, mientras se revisan denuncias de personas desaparecidas en los últimos años.

El caso ha reavivado el dolor de Laura, madre de Facundo Novillo, quien denunció amenazas, falta de justicia y abandono estatal tras la liberación de Grasso. "Nunca se hizo justicia con la muerte de mi hijo", expresó, y criticó duramente la actuación judicial. El hecho también ha generado preocupación entre los vecinos y familiares, quienes reclaman mayor control y protección para las víctimas.

Mientras la investigación avanza, el caso expone las falencias del sistema judicial y la necesidad de revisar los mecanismos de seguimiento de los condenados, así como la urgencia de brindar respuestas y contención a las víctimas de la violencia.