El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encabezaron un agasajo en la Casa Rosada para celebrar el fin de las facultades delegadas y el avance de las reformas estatales impulsadas durante el último año. El evento, realizado en el salón “Héroes de Malvinas”, reunió a unos 200 funcionarios y colaboradores clave en la implementación de cierres, fusiones y reestructuraciones de organismos públicos, bajo estrictos controles de seguridad y sin acceso a la prensa.

Durante el acto, Milei y Sturzenegger agradecieron el trabajo realizado y destacaron la importancia de las reformas para “modernizar el Estado y dar más libertad a la Argentina”. Entre las medidas implementadas se cuentan la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el INADI y la reestructuración de organismos como el INTI, INTA e INV. Según fuentes oficiales, estas acciones permitieron un ahorro fiscal estimado en 2.000 millones de dólares anuales y la reducción de más de 52.000 puestos en el Estado nacional.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la legalidad y el carácter acotado de las facultades delegadas, diferenciando la gestión actual de las administraciones anteriores, que recurrieron a prórrogas y ampliaciones de estos poderes. Sturzenegger, por su parte, publicó una lista de 101 reformas y aseguró que, pese al fin de las atribuciones especiales, el Gobierno continuará con la agenda de recortes y desregulación a través de decretos y nuevos proyectos legislativos.

Analistas consultados advierten que la reducción del Estado en sectores estratégicos como ciencia, educación e infraestructura podría comprometer el desarrollo económico a largo plazo. Además, señalan que los beneficios fiscales de corto plazo podrían acarrear costos sociales y productivos en el futuro. Críticos del modelo libertario sostienen que la política de ajuste favoreció a los sectores más concentrados y no generó el empleo ni la inversión prometidos.

El futuro de las reformas dependerá ahora del respaldo legislativo y la capacidad de negociación del Gobierno, que deberá avanzar sin el paraguas de los “superpoderes” que marcaron el primer año de gestión. El oficialismo, en tanto, reivindica el apego a la Constitución y la eficiencia fiscal como ejes de su programa de transformación estatal.