El gobierno de la provincia de Santa Fe dio inicio esta semana a las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes, en un contexto marcado por la alta inflación y la presión de los sindicatos por una recomposición salarial. La primera reunión formal, encabezada por el ministro de Educación, José Goity, y el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, no arrojó una propuesta salarial concreta y finalizó con un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

Durante el encuentro, los representantes gremiales de AMSAFE y SADOP manifestaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, que estiman en un 33% acumulado, y reclamaron la implementación de una cláusula gatillo, la derogación del presentismo y el pago automático a jubilados. "Esperábamos una propuesta para analizar, pero el gobierno mantiene una actitud refractaria", señaló Pedro Bayúgar, secretario general de SADOP. Por su parte, Rodrigo Alonso, de AMSAFE, insistió en la urgencia de una actualización salarial que contemple la inflación y la situación de los trabajadores jubilados.

El ministro Goity aseguró que el Ejecutivo está trabajando en una oferta "adecuada" y que se hará "todo el esfuerzo necesario" para acercar posiciones antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo. Sin embargo, aclaró que la definición de la propuesta dependerá del dato de inflación provincial que se conocerá en los próximos días.

El clima de la negociación se vio tensionado por el conflicto policial en la provincia, que llevó al gobierno a anunciar una política salarial diferenciada para las fuerzas de seguridad, con el objetivo de que el sueldo más bajo cubra el valor de la canasta básica. Esta medida fue justificada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, como un esfuerzo presupuestario extra que no se aplicará al resto de los empleados públicos.

En paralelo, otras provincias como Río Negro, Jujuy y Tucumán también iniciaron sus propias rondas paritarias, con propuestas y resultados variados. En Santa Fe, el compromiso oficial es garantizar el inicio normal de clases, aunque los gremios advierten que podrían tomar medidas de fuerza si no hay avances significativos en la próxima reunión.