En una sesión preparatoria marcada por la controversia, el Senado argentino juró a 23 de los 24 nuevos miembros electos en los comicios del 26 de octubre. La única ausente fue Lorena Villaverde, representante por la minoría de Río Negro, cuyo diploma fue impugnado por el kirchnerismo debido a acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico y una causa de estupefacientes en Estados Unidos en 2002. La decisión de devolver su título a la Comisión de Asuntos Constitucionales fue tomada tras un acuerdo entre los jefes de bloque y la vicepresidenta Victoria Villarruel, postergando cualquier definición hasta después del 10 de diciembre, cuando se renueve la composición de la Cámara Alta.

La exclusión de Villaverde generó tensiones en el recinto. La legisladora, que había ingresado junto a sus compañeros de La Libertad Avanza, fue persuadida por Patricia Bullrich y Luis Juez para abandonar el recinto antes de que se formalizara la devolución de su diploma. El jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, solicitó explícitamente el retiro del diploma, argumentando la necesidad de una revisión más exhaustiva.

Mientras tanto, la sesión continuó con la jura de los restantes senadores, en un clima de cierta tensión política. El oficialismo libertario logró incrementar su presencia en la Cámara, aunque sigue dependiendo de acuerdos con bloques dialoguistas para alcanzar el quórum y avanzar con las reformas propuestas por el gobierno de Javier Milei. El peronismo, por su parte, sufrió una baja histórica al reducirse de 34 a 28 bancas, su piso más bajo desde 1993, y enfrenta divisiones internas.

La ceremonia también estuvo marcada por episodios menores, como la queja de Patricia Bullrich por las restricciones en el ingreso de invitados y los abucheos durante la jura de la fueguina Cándida López. La designación de Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo fue aprobada por consenso, reflejando algunos acuerdos transversales en el Senado.

De cara al futuro, la vicepresidenta Villarruel anticipó la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar la agenda oficialista, en un contexto de fragmentación política y necesidad de consensos. El caso Villaverde, en tanto, seguirá siendo un punto de debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, mientras el Senado inicia una nueva etapa con una composición renovada y desafíos políticos significativos.