El ciclo lectivo 2026 comenzó en la provincia de Santa Fe en un clima de tensión marcado por el paro docente convocado por los principales gremios, AMSAFE, SADOP y UDA. A pesar de la medida de fuerza, el gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, instó a las familias a enviar a sus hijos a la escuela y puso en marcha un sistema de auditoría para controlar la asistencia de los docentes mediante la presentación de declaraciones juradas.

El ministro de Educación de Santa Fe comunicó a madres y padres que el inicio de clases se realizaría con normalidad el 2 de marzo, aunque reconoció la existencia de protestas y movilizaciones en distintos puntos de la provincia. El gobierno advirtió que aquellos docentes que no presenten la declaración jurada de prestación de servicios serán considerados ausentes y perderán beneficios como la Asistencia Perfecta, además de estar sujetos al descuento del día no trabajado.

En paralelo, docentes autoconvocados de la zona norte de Rosario y otras localidades mantuvieron protestas diarias, reclamando mejoras salariales y denunciando el impacto del plan de ajuste provincial. "Esto no es así, muchos de los valores que están en el recibo del sueldo son en negro, así que no alcanza. Yo pido prestado a mi familia porque no nos alcanza", relató una docente en una de las manifestaciones. Las acciones de los autoconvocados han desbordado la conducción sindical tradicional y suman presión al conflicto.

El paro docente incluyó movilizaciones en la ciudad de Santa Fe, donde los gremios exigieron al gobierno provincial que detenga el ajuste y aumente el presupuesto educativo. Pullaro, por su parte, reforzó su postura en un encuentro de intendentes radicales, destacando la importancia de la educación y la seguridad como ejes de gestión y llamando a la responsabilidad social para garantizar la asistencia escolar.

El conflicto docente se desarrolla en un contexto de ajuste presupuestario y creciente polarización política, con el gobierno provincial buscando consolidar su modelo de gestión y los gremios y autoconvocados reclamando por mejores condiciones laborales. El impacto en la calidad educativa y la gobernabilidad provincial genera preocupación entre los distintos actores involucrados, mientras el ciclo lectivo avanza bajo la sombra de la protesta y la negociación.