En un nuevo escándalo que sacude al gobierno argentino, el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, han sido denunciados penalmente por presunta malversación de fondos públicos y uso de información privilegiada. La denuncia surge tras la venta de 398 millones de dólares por parte del Banco Central a un tipo de cambio de $1.097,50, apenas horas antes de que se anunciara el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de una nueva banda de flotación entre $1.000 y $1.400.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, quien presentó la denuncia, argumenta que esta operación permitió a los compradores obtener ganancias millonarias, perjudicando gravemente las reservas del Banco Central y el patrimonio del Estado. Según el denunciante, la medida fue premeditada y benefició a un grupo selecto con acceso a información privilegiada. "Seguramente las respuestas sean que se hizo para beneficiar a un grupo de personas con posible información privilegiada", afirmó Martínez Herrero.

En una entrevista reciente, el presidente Milei admitió que solo él, su hermana Karina y otros funcionarios clave conocían de antemano la medida económica. Estas declaraciones han incrementado las sospechas y han llevado a incluir a Karina Milei en la denuncia, quien ya enfrenta otras investigaciones judiciales, como el caso de la criptomoneda $LIBRA.

El levantamiento del cepo cambiario era una de las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implicaba una devaluación previsible. Sin embargo, la venta de dólares a un precio significativamente inferior al que se estableció tras el anuncio oficial ha generado críticas tanto de la oposición como de expertos económicos. La operación se realizó horas antes de una conferencia de prensa en la que se comunicó oficialmente el fin del cepo, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y la ética del gobierno en esta decisión.

La denuncia, que recayó en el Juzgado Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo, también incluye a otros miembros del directorio del Banco Central. Los delitos investigados son malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública y uso indebido de información reservada.

Este caso se suma a una serie de desafíos judiciales y políticos que enfrenta el gobierno de Milei, aumentando la presión sobre su administración. Mientras tanto, la investigación judicial continúa, y se espera que las próximas semanas sean cruciales para determinar responsabilidades y posibles sanciones.