SanCor, la histórica cooperativa láctea argentina, enfrenta uno de los momentos más críticos de su trayectoria tras el pedido de quiebra presentado por sus trabajadores agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA). La decisión, tomada por unanimidad en una asamblea extraordinaria realizada en Sunchales, Santa Fe, responde a la acumulación de deudas laborales y la falta de pago de salarios desde abril de 2025, así como el incumplimiento de aportes a mutuales y obras sociales.

Según el comunicado del gremio, la deuda preconcursal de la empresa asciende a $69.000 millones, mientras que los compromisos impagos en los últimos meses superan los $14.000 millones. “La asamblea consideró no solo la deuda histórica, sino también la falta de pago de sueldos y obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables de plazo vencido”, expresó ATILRA. Además, la empresa no respondió a más de 2.500 intimaciones de pago ni a los reclamos de entidades como OSPIL y AMPIL.

SanCor, que llegó a procesar más de 4 millones de litros diarios y emplear a más de 4.000 personas antes de 2017, hoy opera con menos de 850 trabajadores y una producción que apenas supera los 300.000 litros diarios, principalmente a través de contratos a fasón para terceros. La presencia de sus productos en supermercados y almacenes es prácticamente nula, y la compañía ha implementado recortes de personal sin lograr revertir la crisis.

La cooperativa se encuentra en concurso de acreedores desde febrero de 2025, con un pasivo estimado entre 250 y 400 millones de dólares. Los intentos de rescate, como la propuesta de un fideicomiso empresario y créditos internacionales, no prosperaron. Además, Venezuela mantiene una deuda de US$18 millones con la firma por exportaciones pasadas.

Acreedores y asesores legales advierten que la supervivencia de SanCor depende de la buena voluntad de los acreedores y de la búsqueda de inversores que permitan mantener los puestos de trabajo. “SanCor está en una instancia prácticamente terminal”, afirmó Aldo Regali, asesor de fondos internacionales. El futuro de la cooperativa se definirá en los tribunales de Rafaela, donde se tramita el concurso preventivo que busca evitar el colapso total de la empresa.