La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 10 años de prisión para Fausto José Mingorance, exoficial de la Policía Federal Argentina, por su responsabilidad en el secuestro y tortura de delegados sindicales de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) durante la última dictadura militar. La decisión del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso presentado por la defensa de Mingorance, al considerar que no cumplía con las formalidades requeridas.

El caso se remonta al 1° de junio de 1976, cuando al menos cuatro grupos operativos de la Superintendencia de Seguridad Federal allanaron simultáneamente los domicilios de varios miembros de la UEJN. Entre los detenidos se encontraban Julio Piumato, Luis Alberto Olmos y Luis Alberto Galaso, quienes fueron trasladados a un centro clandestino de detención y tortura en el tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal. Allí permanecieron hasta el 7 de junio, cuando fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.

En 2014, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Mingorance y a otros exfuncionarios policiales por su participación en estos hechos, en el marco de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como “Coordinación Federal”. En 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 condenó a Mingorance a 10 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados, delitos calificados como de lesa humanidad.

La sentencia fue confirmada en 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal y, finalmente, quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema. El caso es considerado emblemático en la lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina, y refuerza el compromiso institucional con el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Julio Piumato, una de las víctimas, es actualmente un referente sindical y defensor de los derechos humanos, y ha destacado la importancia de la decisión judicial para la reparación histórica y la consolidación del Estado de derecho.