La investigación sobre la contaminación de fentanilo y dexametasona en Argentina ha alcanzado un punto crítico esta semana, con la expectativa de que el Instituto Malbrán y el Cuerpo Médico Forense presenten pericias fundamentales para esclarecer la causa de al menos 96 muertes atribuidas al uso de medicamentos adulterados. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, lidera la causa que involucra a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., responsables de la producción de los lotes bajo sospecha.

Según los informes preliminares, los lotes de fentanilo distribuidos en más de 200 clínicas y hospitales del país estaban contaminados con bacterias multirresistentes, entre ellas klebsiella pneumoniae y ralstonia picketti. La ANMAT, organismo encargado de fiscalizar la calidad de los medicamentos, detectó graves irregularidades en los controles de calidad, documentación y procesos de esterilización en los laboratorios implicados. "La omisión de los controles microbiológicos y la falta de certificados fehacientes de esterilidad imposibilita descartar la presencia de agentes patógenos en el producto final, elevando el riesgo de infecciones severas o efectos adversos de gravedad para los pacientes expuestos", señala el informe oficial.

En Córdoba, cuatro muertes están bajo análisis, mientras que en otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe y CABA también se investiga la relación entre los fallecimientos y el fentanilo adulterado. Los familiares de las víctimas se han presentado como querellantes, exigiendo justicia y transparencia en el proceso judicial. El Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, desvinculó a una funcionaria tras el escándalo y continúa colaborando con la investigación.

El juez Kreplak espera los resultados de las pericias para determinar si las muertes fueron causadas directamente por el fentanilo contaminado y para establecer responsabilidades penales. "El objetivo central es determinar con la mayor certeza posible cómo se produjo la contaminación y en qué momento del proceso se originó", explicaron fuentes judiciales. El caso ha puesto en evidencia las deficiencias en la fiscalización y control de medicamentos en Argentina, generando preocupación en el sistema de salud y en la sociedad en general.

Mientras el Gobierno nacional presiona por detenciones inmediatas, los familiares de las víctimas apoyan el avance de la investigación judicial, aunque manifiestan ansiedad por la resolución del caso. Expertos advierten sobre la gravedad del escándalo y la necesidad de fortalecer los controles en la producción de medicamentos. El resultado de las pericias será determinante para definir imputaciones y medidas futuras, en un caso que podría marcar un antes y un después en la regulación sanitaria del país.