La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó avanzar con la investigación por presunto lavado de activos que involucra a los empresarios Gustavo Elías y Gustavo Damiani, quienes son sospechados de actuar como testaferros del líder sindical Hugo Moyano y su familia. El fallo, emitido por los camaristas Roberto Amabile y Pablo Larriera, rechazó los planteos de las defensas que solicitaban el cierre de la causa por prescripción, acogimiento a un blanqueo fiscal y supuestas demoras procesales.

Según la resolución, la investigación es de una complejidad considerable, ya que abarca la presunta constitución de sociedades, compra y venta de inmuebles y acciones, y movimientos financieros que no podrían ser justificados por los acusados. El fiscal Gabriel González Da Silva sostiene que entre 2011 y 2018 se habrían realizado maniobras para poner en circulación dinero de origen ilícito, con el apoyo de presuntos testaferros y sociedades en el país y en el exterior. La causa involucra a unas 40 personas y más de 80 empresas, muchas de ellas con vínculos societarios cruzados.

La investigación se inició en 2015 tras una denuncia anónima remitida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Desde entonces, la fiscalía ha presentado dictámenes acusatorios basados en informes de la AFIP y de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público. El grupo Elías, que controla un holding de empresas y medios de comunicación en Bahía Blanca y Buenos Aires, ha negado las acusaciones y calificado la causa de "inconsistente".

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, fue apartado de la causa tras declarar su incompetencia, pero la Cámara Federal reafirmó que la investigación debe continuar en esa jurisdicción. "No puede perderse de vista que, desde el inicio de la causa, la investigación se ha radicado y desarrollado en esta jurisdicción, con motivo de ser el lugar de principal asiento de negocios y el centro de vida de los sujetos investigados", señaló el camarista Amabile.

El fallo de la Cámara Federal exige celeridad y diligencia en la investigación, en un caso que es seguido de cerca por su impacto en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en la Argentina. El desenlace de la causa podría tener implicancias significativas para el entorno sindical y empresarial del país.