Una investigación judicial en Rosario sacó a la luz un caso de explotación laboral y reducción a la servidumbre que se prolongó durante 22 años. La víctima, una mujer que fue captada a los 14 años en la localidad correntina de Tres Bocas, fue trasladada en 2003 a Rosario bajo la promesa de recibir educación y una vida mejor. Sin embargo, la realidad fue muy distinta: durante más de dos décadas, realizó tareas domésticas sin recibir salario, descanso ni derechos laborales, y permaneció aislada del entorno social.

El caso se conoció tras un allanamiento realizado en octubre de 2025 en una vivienda del barrio Martin, donde la víctima fue rescatada por la Policía Federal. Según la acusación, la hija de la propietaria de la casa, residente en Los Ángeles, Estados Unidos, continuó la explotación desde el exterior a partir de 2022, instalando 16 cámaras de seguridad y comunicándose con la víctima a través de un celular para impartir instrucciones y supervisar sus tareas.

La formalización de la imputación se realizó en una audiencia ante el juez de Garantías Román Lanzón, en la que la acusada participó por videoconferencia. La fiscalía, encabezada por Adriana Saccone y sus coadyuvantes, sostuvo que la imputada tuvo la posibilidad de poner fin a la situación de servidumbre, pero no solo no lo hizo, sino que la perpetuó, obteniendo un beneficio personal. La madre de la imputada, quien habría captado originalmente a la víctima, también es investigada, aunque su situación procesal depende de una pericia médica.

La defensa de la acusada, a cargo de Gustavo Feldman, cuestionó la acusación y el encuadre legal, argumentando que la imputada reside en Estados Unidos desde hace más de tres décadas y que la fiscalía busca un "chivo expiatorio". No obstante, el juez rechazó el pedido de sobreseimiento y dispuso medidas cautelares no privativas de la libertad, como la fijación de domicilio, firma mensual en el consulado argentino más cercano y prohibición de contacto con la víctima y su entorno.

El caso, sustentado en testimonios de vecinos, informes oficiales y peritajes interdisciplinarios, pone en evidencia la persistencia de la explotación laboral en ámbitos domésticos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de los derechos humanos. La causa continúa en trámite y podría sentar un precedente relevante en la lucha contra la trata de personas y la reducción a la servidumbre en Argentina.