El brutal asesinato de César Darío Rodas, un artista callejero de 41 años, ha sacudido a la provincia de Mendoza. El crimen ocurrió el pasado 18 de junio en una vivienda de la calle Adolfo Calle, en Guaymallén, donde Rodas alquilaba una habitación. Según la investigación, la víctima fue sometida a torturas durante al menos cinco horas, golpeada con diversos objetos y finalmente desmembrada y quemada en una parrilla del patio.

La denuncia que permitió descubrir el hecho fue realizada por un ex cuñado de Adriana Suárez, quien recibió por WhatsApp una imagen del cuerpo calcinado y mutilado. La policía, tras obtener una orden judicial, ingresó al domicilio y halló los restos de Rodas. En la vivienda convivían cinco menores, hijas de Suárez, quienes fueron asistidas por las autoridades.

Por el crimen fueron imputados Adriana Suárez, quien cumplía prisión domiciliaria por un robo agravado desde 2020, su pareja Marcelo Altamirano y Ángel Quiroz, este último como partícipe necesario. La fiscalía, a cargo de Andrea Lazo, los acusa de homicidio agravado por ensañamiento, delito que prevé prisión perpetua.

En sus primeras declaraciones, Suárez intentó justificar el crimen alegando que Rodas había abusado de una de sus hijas. Sin embargo, los peritajes forenses descartaron cualquier indicio de abuso sexual. Familiares y amigos de la víctima también rechazaron esa versión, describiendo a Rodas como una persona solidaria y trabajadora.

El caso ha generado fuertes críticas al sistema judicial, ya que el Servicio Penitenciario había informado reiteradas violaciones a la prisión domiciliaria de Suárez, sin que se revocara el beneficio. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, subrayó que "la alerta fue detectada y se informó, pero la revocación corresponde a un juez".

La conmoción social se reflejó en redes sociales, donde la familia de Rodas pidió ayuda para costear el sepelio y exigió justicia. El expediente sigue sumando pruebas y la fiscalía continúa investigando la participación de los imputados. El caso pone en debate la efectividad de los controles sobre los beneficios penitenciarios y la respuesta institucional ante hechos de extrema violencia.