El Senado argentino avanzó con el dictamen de mayoría para la reforma de la Ley Nacional de Glaciares, aunque el debate en el recinto fue postergado para febrero. La iniciativa, impulsada por el gobierno nacional, busca modificar artículos clave de la ley vigente desde 2010, otorgando a las provincias la potestad de decidir sobre la protección de glaciares y ambientes periglaciares en función de su importancia hídrica estratégica.

El proyecto, presentado por el Ejecutivo y respaldado por gobernadores de provincias mineras como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza, apunta a destrabar inversiones en minería, especialmente en cobre y litio. Según el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, la ley actual presenta "imprecisiones" que dificultan su aplicación y frenan el desarrollo económico regional. "Nos parece bien el proyecto, viene a agilizar los trámites", afirmó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien destacó los controles internacionales que hoy rigen la actividad minera.

Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo de más de 80 organizaciones ambientales y de la comunidad científica, incluyendo al Conicet y el Ianigla. Los críticos sostienen que la reforma es regresiva, ya que permitiría que glaciares inventariados pierdan protección y que la evaluación ambiental quede sujeta a intereses provinciales. "Lo que estamos viendo es una derogación tácita de la Ley de Glaciares", advirtió Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien también cuestionó la rapidez del proceso legislativo y la falta de debate público.

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió la constitucionalidad de la reforma, argumentando que respeta el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, según la Constitución Nacional. No obstante, voces críticas insisten en que la protección del agua y los ecosistemas debe primar sobre los intereses económicos y que cualquier modificación requiere un debate amplio y transparente.

La reforma de la Ley de Glaciares se inscribe en un contexto de crisis climática y creciente estrés hídrico, donde la protección de las reservas de agua dulce es considerada estratégica. El debate continuará en febrero, en medio de advertencias sobre posibles judicializaciones y la necesidad de garantizar la estabilidad jurídica para las inversiones, sin comprometer los derechos ambientales.