El Senado de la Nación avanzó en la aprobación de 16 pliegos para la designación de jueces en distintos fueros nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un proceso que ha generado intensos debates y denuncias de irregularidades. La Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, llevó adelante las audiencias públicas sin la presencia del bloque peronista, que volvió a reclamar por la conformación de la comisión y la representatividad de la oposición.

Durante las audiencias, los candidatos respondieron preguntas de los senadores, centradas principalmente en temas fiscales como el pago del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por denuncias de saltos significativos en el orden de mérito de al menos 12 de los postulantes, algunos de los cuales ascendieron hasta 32 posiciones entre la evaluación inicial y la entrevista final, según informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Además, se detectaron vínculos familiares entre varios candidatos y actuales o exmagistrados, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad del proceso.

La senadora Patricia Bullrich denunció públicamente ataques antisemitas en redes sociales contra una de las candidatas, Laura Fabiana Kvitko, y pidió el respaldo del Senado ante estos hechos discriminatorios. Por su parte, el bloque justicialista, liderado por José Mayans, desconoció la validez de la comisión y advirtió que los actos de este cuerpo podrían estar "viciados de nulidad". Mayans también señaló que solo cuatro de los dieciséis postulantes fueron propuestos correctamente, mientras que el resto habría violado el principio de orden de mérito.

Organizaciones civiles y medios de comunicación han advertido sobre los riesgos que estas prácticas representan para la independencia judicial y la institucionalidad del país. El gobierno de Javier Milei, que ha enviado más de 100 pliegos en 45 días, busca renovar un tercio de la Justicia, pero enfrenta críticas por la falta de transparencia y la discrecionalidad en la selección de candidatos. La Corte Suprema, por su parte, impulsa un nuevo reglamento para limitar la discrecionalidad en las entrevistas y promover una mayor igualdad de género en el proceso de selección.

El debate sobre la designación de jueces continúa, con la oposición y organizaciones civiles exigiendo mayor transparencia y respeto al mérito, mientras que el oficialismo defiende el proceso y rechaza las acusaciones de abuso de autoridad. El resultado de estas designaciones tendrá un impacto significativo en la arquitectura institucional y la independencia del Poder Judicial en Argentina.