La propuesta de reforma a la Ley de Glaciares presentada por el gobierno nacional ha desatado un intenso debate en Argentina, movilizando a organizaciones sociales, culturales y ambientalistas que advierten sobre los riesgos que implica para la protección del agua y el ambiente. El proyecto, actualmente en discusión en el Congreso, busca flexibilizar las restricciones para actividades extractivas en zonas de glaciares y periglaciares, otorgando mayor poder de decisión a los gobiernos provinciales.

La ley vigente, sancionada en 2010, establece protecciones mínimas para los cuerpos de hielo y limita el avance de la minería y los hidrocarburos en áreas consideradas estratégicas para el abastecimiento de agua. Sin embargo, la reforma propuesta permitiría que solo los glaciares y geoformas periglaciares con función hídrica "estratégica" permanezcan protegidos, dejando fuera del inventario nacional a otros cuerpos de hielo.

Durante la Fiesta Nacional del Lago en El Calafate, integrantes del Frente Cultural local realizaron manifestaciones pacíficas para visibilizar el rechazo a la reforma. "Si se pierde la lucha ambiental, se pierden todas las luchas; si no tenemos agua no hay nada más por qué luchar", afirmó Alex Cass, referente del colectivo. La diputada Myriam Bregman también criticó la iniciativa, señalando que "favorece a los intereses mineros y profundiza el extractivismo".

El debate se produce en un contexto de creciente estrés hídrico en el país y de presión de sectores mineros y provinciales para flexibilizar la normativa. Mientras tanto, el gobierno busca consensuar el texto definitivo en el Congreso, en medio de movilizaciones y protestas en distintas provincias cordilleranas. La discusión sobre la Ley de Glaciares se ha convertido en un símbolo de la disputa entre desarrollo económico y protección ambiental en Argentina, con implicancias directas para el acceso al agua y la gestión de los bienes comunes.